LA AGRUPACIÓN DESCAMISADOS DE CORRIENTES REPUDIA LIBERTAD TRANSITORIA DE GENOCIDA

18.06.2013             15:00        CORRIENTES

La Corriente Peronista Descamisados de Corrientes repudia enérgicamente la salida transitoria de genocida.  Se trata de Juan Carlos De Marchi, condenado en 2008 a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar. El torturador y asesino  actuó en el ex-RI9, y cumple su condena en Campo de Mayo.  El Tribunal Oral Criminal Federal en Corrientes, presidido por Víctor Alonso, que en su oportunidad lo había condenado a  5 años,  ahora lo beneficia con salidas transitorias, el genocida se encuentra en Corrientes visitando familiares.

Juan Carlos De Marchi es un ex-militar, empresario y dirigente patronal argentino, ligado al campo. Fue detenido acusado de haber cometido crímenes de lesa humanidad, llevado a juicio y con todas las garantías del debido proceso, condenado a la pena de 25 años de prisión por asociación ilícita y ser coautor de "privación ilegítima de la libertad a un perseguido político", en 11 casos.

Una vez finalizado el gobierno militar De Marchi compró grandes extensiones de tierra en la provincia de Corrientes comenzando a actuar como dirigente  en la Sociedad Rural Argentina, alcanzando la presidencia de la Sociedad Rural de Corrientes.

La Sociedad Rural Argentina, grandes propietarios de tierras de Corrientes asociados a la filial local, políticos y familiares de políticos ligados al gobierno del radical Colombi habían expresado su solidaridad con De Marchi y exigido al gobierno argentino que se lo excluyera del proceso penal.

LOS JUICIOS DE LESA HUMANIDAD SON UN ORGULLO PARA EL PUEBLO

La CP Descamisados también se hizo eco de carteles que fueron pegados en varas esquinas de la capital correntina. La misma lleva la firma de Hijos y Nietos de presos políticos. Una nota en el portal de esa agrupación dice “Ya son más de 200 muertos en estos procesos. El promedio de edad de los detenidos es de más de 71 años (son viejos, en los penales no se les pueden brindar los cuidados médicos que requieren y SE MUEREN. Nuestros jueces violan los tratados internacionales de Derechos Humanos cuando niegan las excarcelaciones y los arrestos domiciliarios a los mayores de 70 años o a los que están enfermos. Se dictan prisiones preventivas que en varios casos superan los ocho años, cuando la ley permite dos y a lo sumo tres, sufriendo de ese modo condenas anticipadas. La Justicia se maneja con un código paralelo, aplicable solamente a Lesa Humanidad. Muchos son trasladados a penales lejos del arraigo familiar. Se les viola el derecho al acceso a la educación. Se los ingresa a las audiencias por donde entran los querellantes para que los insulten o los agredan. Se los trata como culpables desde la acusación”.

Estas personas omiten que estos personajes están siendo juzgados dentro del marco de la ley y el derecho tanto nacional como internacional, jamás dieron la oportunidad a los 30 mil compañeros y miles más, vejados, ultrajados, torturados y separados de sus familias sin un juicio previo.

 Los juicios de Lesa humanidad no se rigen dentro de lo que es el derecho común, tiene un tratamiento especial.

 Sus juicios y condenas son causa del exterminio sistemático, el robo y venta de los hijos de desaparecidos, la apropiación ilegal de sus bienes. Todo bajo un régimen dictatorial y autoritario que implanto en Latinoamérica un modelo económico que tanto daño hizo a los estados sudamericanos mediante el neo-liberalismo.

 Los miles de desaparecidos, los campos de concentración, la desindustrialización, el deterioro de la economía, el nacimiento de grandes monopolios manchados de sangre por obra y gracia del estado dictatorial, la avalancha importadora y el saldo de desocupación y la denigración de la clase trabajadora fueron los aspectos más visibles de la herencia dictatorial.

Los genocidas tienen familiares que saben dónde están ubicados, los familiares de los miles de compañeros no tienen una celda o una tumba donde visitarlos. Los genocidas tienen posibilidades de asistencia en su salud, alimentación digna. Cuentan con las comodidades para seguir educándose.

 Los distintos juicios por delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado para un cierto sector de la sociedad son una política de resentimiento, pero los juicios son el fruto de años de lucha de las víctimas, los familiares, los organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sociales. Estos, con el paso del tiempo y el gobierno de Néstor Kirchner y luego de Cristina se constituyeron en una verdadera y legítima política de Estado, clausurando una etapa de impunidad en Argentina.

 Según datos de la Unidad de Seguimiento de causas por Violaciones a los Derechos Humanos, a marzo pasado, la Justicia argentina había juzgado a 449 personas por delitos de lesa humanidad y condenado a 404 de ellas, en tanto que hay otras 698 procesadas en causas de este tipo. Desde las organizaciones que respondemos al proyecto nacional y popular, seguiremos luchando hasta que el último genocida y sus cómplices civiles y empresariales sean juzgados, dentro de la ley y alojados en cárceles comunes. No es resentimiento lo que nos guía, sino solamente el afán de justicia por lo compañeros torturados, secuestrados y desaparecidos.

NOSOTROS NO OLVIDAMOS!!! JUICIO Y CASTIGO A LOS CULPABLES!!

CORRIENTE PERONISTA DESCAMISADOS