COMO PRESERVAR EL BOLSILLO DEL TRABAJADOR

Más redistribución

Argentina viene de más de diez años de crecimiento económico con alta creación de empleo. En este contexto, los trabajadores han retornado a la negociación colectiva, recuperado salarios y fortalecido sus organizaciones. Al abrigo de la competencia externa, no ha habido dilemas ni efectos negativos sobre el nivel de empleo hasta ahora, que las proyecciones indican que Argentina crecerá menos en un contexto de alta inflación. En la última década los trabajadores han avanzado en su nivel de ingresos, aunque con diferencias en su interior. De acuerdo con su capacidad organizativa y su poder de negociación, algunos gremios han recuperado más y otros menos (bancarios y construcción, son ejemplos extremos de una cosa y otra). Asimismo, grupos menos organizados (trabajadores rurales) y vulnerables (servicio doméstico) han estado rezagados, pero han tenido políticas específicas del Gobierno (la sanción del Nuevo Estatuto del Peón Rural y la creación del Renatea en el primer caso, y el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares en el segundo).

Estas mejoras conviven con el desempleo en un dígito y un núcleo duro del 34,6 por ciento de empleo no registrado, además de grupos particularmente vulnerables como los jóvenes (para quienes, luego del Plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, el Gobierno acaba de anunciar el Progresar) y las mujeres (que todavía requieren más y mejores políticas). Los aún elevados índices de pobreza demuestran que el pleno empleo no alcanza para asegurar el bienestar de la población, sino que se requieren políticas específicas y esfuerzos sensiblemente mayores. En este sentido, la recuperación desigual de los diferentes trabajadores y la permanencia (y en algunos casos profundización) de disparidades entre grupos resulta una cuenta pendiente: en la actualidad, mientras que el salario promedio del sector privado registrado es de 8420 pesos, el salario promedio de toda la economía es 4500 y el salario mínimo 3300.

En el contexto de la reciente devaluación y la posibilidad de aceleración en la inflación que conlleva, en conjunto con las proyecciones de escaso crecimiento de la economía, se pide –desde varios sectores– “moderación” en los acuerdos salariales de este año. Así, los sindicatos vuelven al centro de la escena.

En primer lugar, resulta crucial realizar una distinción entre el importante rol que cumple el salario en los costos de la producción (por razones también asociadas al modelo de desarrollo elegido, con sus virtudes y falencias) y la aseveración de que son los aumentos salariales los causantes de la inflación. El salario real está hoy apenas arriba de los niveles de 2001 y, si se mira en una perspectiva más larga, en caída prácticamente ininterrumpida desde los años setenta hasta el cambio de modelo económico en la actual década. Si tan sólo una recuperación salarial puede poner en jaque este modelo económico, el problema es más profundo.

En segundo lugar, la moderación debería ser una tarea no sólo de los sindicatos sino de todos los actores (Estado y empresarios, fundamentalmente) con el objetivo de sumar –a la existente redistribución de ingresos entre capital y trabajo– la redistribución de ingresos entre trabajadores. El salario ha ganado participación en la economía (de representar un 29,3 por ciento de los ingresos en el año 2003, representaba en el 2012 un 46,1 por ciento –datos del Ceped–), pero esa proporción salarial también puede y debe ser distribuida de modo más equitativo en pos de una mayor homogeneidad en los derechos y necesidades de los trabajadores. La moderación de aquellos que más ganaron y la recuperación de los trabajadores más atrasados, en un contexto de control de precios y actualización de los valores de las principales políticas sociales del Gobierno, podría ir en este sentido.

Sin embargo, el acuerdo conjunto con la organización del trabajo resulta más difícil a la luz de la división política de las centrales sindicales y su escasa tradición de coordinación –no mencionamos aquí las divisiones existentes en el arco empresarial, que también existen–. Por otra parte, los problemas de representatividad que las organizaciones afrontan se trasladan luego a un menú de “intercambio” acotado. El sindicalismo tradicional no representa a los trabajadores con menos derechos (no registrados, pero no sólo), de modo que los que son objeto de políticas sociales del Gobierno son percibidos como “los otros”, ajenos a su grupo de interés. Esto impide el tradicional intercambio de moderación salarial, por mejoras en las políticas de bienestar (la AUH, el actual Progresar, políticas concretas de combate al empleo no registrado) y presenta otros desafíos.

La inflación afecta siempre a los más débiles, aquellos que menos derechos tienen y menos organización han logrado. Quizás en el escaso perfil político de los representantes actuales del sindicalismo resida una de las explicaciones de su dificultad para articular una propuesta, que los aleje del rol de ganadores del modelo primero, y perdedores este año, para colocarlos en otro lugar, superador.

* Economista y politóloga (UTDT).