DE LOS CARTELES AL MICROTRÁFICO Y AL CONSUMO INTERNO

30.11.2013              20:30          BOGOTÁ, COLOMBIA

Desde la irrupción de México en el mercado mundial de las drogas, el narcotráfico colombiano ha perdido peso internacional pero sigue manteniendo una influencia decisiva en el conflicto interno de Colombia, ya que los carteles que manejaban el negocio se atomizaron en cientos de grupos de microtraficantes, con métodos igualmente violentos pero volcados esencialmente al mercado local.

La exportación de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos comenzó en los años ’70, realizada en principio por contrabandistas de Antioquia, a los que se sumaron otros del Valle del Cauca.

La ventaja evidente de este producto sobre la marihuana es que por un volumen mucho menor se obtiene una rentabilidad mucho mayor. Algunas estimaciones calculan esta relación en 1/100. Al disminuir el volumen, se facilita el transporte y se reduce el riesgo de que la mercancía sea descubierta.

En 1974 comenzaron a conformarse los que serían los grandes carteles de los años ’80 y ’90, seis grandes organizaciones de tráfico de drogas (OTD) que abarcaron prácticamente todo el país, según señala el libro “Los jinetes de la cocaína”, citado por el ensayo “Cuatro décadas de guerra contra las drogas ilícitas: un balance costo-beneficio”, de Cesar Páez (ver anexo documental).

Se calcula que los carteles de Medellín (liderado por Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vásquez) y de Cali (José Santacruz Londoño, Víctor Patiño Fómeque y los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela) controlaron durante esas dos décadas 70 por ciento de la cocaína que salía desde Colombia hacia los Estados Unidos.

Los otros carteles eran Norte del Valle (comandado por los hermanos Henao, Iván Urdinola Grajales, el mismo Víctor Patiño Fómeque y Juan Carlos Ramírez Abadía), Armenia-Pereira (Carlos Lehder Rivas), Costa Caribe (Jesús Mejía Romero, los hermanos Lucas y Jorge Darío Gómez Van Grieken, José Rafael Abello Silva y Miguel Pinedo Barros) y Leticia (Camilo y Wilson Rivera).

Los narcotraficantes controlaban casi todo el circuito: traían la pasta de coca desde Perú y Bolivia, la procesaban en laboratorios clandestinos de Colombia y transportaban el clorhidrato de cocaína a través del Caribe, de Centroamérica y de México hasta Estados Unidos y Europa, donde también eran parte de la distribución y de la venta al por menor.

Hacia mediados de los años ’90, la mayor parte de los capos fueron muertos o encarcelados por las autoridades colombianas con la cooperación de las estadounidenses. Las grandes estructuras quedaron acéfalas y los carteles se atomizaron en organizaciones más pequeñas, “traquetos”, que se volcaron con más fuerza al mercado interno.

Durante esta etapa se registró un aumento considerable del cultivo de coca en Colombia. Se combinaron para este cambio que estas OTD no tenían la capacidad logística de sus antecesoras para traer la pasta base desde Perú y Bolivia, mayores controles de las rutas de tráfico y una caída del precio en las zonas de cultivo peruanas por la aparición de un hongo que atacó al arbusto de coca, según estimaciones de la Oficina de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Crimen (UNODCCP, en inglés).

El control del proceso pasó entonces de los carteles colombianos a los mexicanos, con el consiguiente incremento de la violencia en ese país.

Los traquetos comenzaron a conformarse a fines de los '90 con las estructuras locales de los carteles, pero también con gente de las organizaciones paramilitares, algunos de los cuales habían sido formados por los grandes capos, como Escobar, para defenderse de la guerrilla.

Esos grupos paramilitares, que solían actuar en conjunto con el Estado, se volcaron con más intensidad a las organizaciones delictivas vinculadas al comercio de drogas y otros delitos a partir del proceso de paz iniciado por el gobierno de Alvaro Uribe (2002-10), que derivó en la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Mantuvieron el dominio de sus regiones pero cambiaron de objetivos.

El narcotráfico también fue una fuente de financiamiento de las organizaciones guerrilleras, en particular de las FARC, primero mediante el cobro de impuestos o peaje a los productores de coca de las regiones que dominaban, y luego con un involucramiento más directo en el proceso de cultivo, elaboración y tráfico, según coinciden todas las fuentes oficiales y no oficiales consultadas por Télam.

Como resultado de ese proceso en Colombia se está consumiendo el 130 por ciento de cocaína más que el promedio mundial, según datos de una encuesta nacional sobre consumo de drogas que las Naciones Unidas le entragaron al gobierno colombiano en 2012.

La encuesta, presentada por el ministro del Interior, Fabio Valencia, indica que los estratos socioeconómico 4, 5 y 6 -los más altos- son los que más consumen estupefacientes como la cocaína, la marihuana y el éxtasis, mientras que el “basuco”, un residuo equivalente al “paco”, tiene sus mayores consumidores en el estrato uno.

Esos datos agregan a la cuestión de la droga un incremento del problema social vinculado a las adicciones, en particular en una sociedad que ha naturalizado la violencia hasta hacerla un elemento más de la vida cotidiana.

Si bien las negociaciones de paz que se realizan en La Habana contemplan en el punto 4 de la agenda la “solución al problema de las drogas ilícitas”, el tema parece ausente, o al menos relegado, en casi todos los análisis relacionados con la solución del conflicto colombiano.