EL SECRETO MEJOR GUARDADO DE LA DPEC

17.06.2014                         04:49                    CORRIENTES

Alberto Ruiz Diaz

            En jueves 5 de junio la Secretaría de Energía de la Nación le pidió a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) que baje las pérdidas de electricidad. La petición surge de la necesidad de fijar valores regionales de referencia para un programa de futuras tarifas eléctricas, lo que a su vez obedece a la necesidad que tiene el gobierno nacional de reducir subsidios a la electricidad, especialmente en Capital Federal y Gran Buenos Aires y, al mismo tiempo, asegurar que las tarifas provinciales queden congeladas por un año. El argumento oficial es que los precios de la energía en provincias creció más que en la metrópolis argentina y que esa brecha se fue ampliando en los últimos años por los incrementos que aplicaron las distribuidoras locales (como Dpec y Secheep). Con ese argumento el gobierno ha negociado con cada provincia un financiamiento de obras a cambio de un programa de tarifas eléctricas que convergería en dichos valores regionales de referencia, que serán fijados por la Secretaría de Energía para cada una de las ocho regiones en que fue dividido el país. La extensa denominación del plan es “Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico e Integración en la Argentina”.

            En esta coyuntura, gracias a las futuras tarifas de electricidad, el misterio de la Dpec puede haber llegado a su fin porque la Secretaría necesita que las pérdidas de energía sean bajadas en toda la región, pues si se manejaran con las pérdidas reales de las distribuidoras, el precio regional de la electricidad será muy alto y serían los funcionarios nacionales quienes quedarían como los malos de la película. Ahora que las papas queman se confirmará -un poco tarde- que en Corrientes las pérdidas no solo no bajaron sino que aumentaron, lo cual fue negado por funcionarios públicos en la Cruzada de protección a Urbatec. Incluso en los dictámenes temerarios de los peritos contadores Domingo Gómez Sierra y Guillermo Costa Hassan quienes, sin incumbencia profesional y sin hacer la cuenta, informaron a la jueza Agraso que habían bajado las pérdidas de la Dpec.

            Viene bien recordar que en agosto de 2008 se hallaba vigente el interés y prioridad nacional por el Uso Racional de la Energía Eléctrica y en esa ocasión la Secretaría de Energía de la Nación hizo la vista gorda con la Dpec, tal vez para “dar changüí” o una especie de hándicap con la posibilidad de que se organicen y empiecen realmente a bajar las pérdidas. Algunos aseguran que la misma Secretaría les habría enseñado a los funcionarios locales soluciones inmediatas para disimular las pérdidas. Uno de los trucos utilizados por la Dpec es la “Tarifa 18”, que en su cuadro tarifario se denomina candorosamente “medición totalizadora de pequeñas demandas”. El artificio consiste en hacer figurar una cantidad de energía que se anota como suministrada y facturada a supuestos usuarios especiales, con un precio ínfimo de un centavo y pico el kWh; lo cual les permite decir que es energía facturada y no energía “perdida”. Para comprobar el artificio basta mirar los papeles y ver que lo que se mide y se factura con la “T18” no son usuarios sino subestaciones completas, lo que es lisa y llanamente un procedimiento que permite disimular una can­tidad de energía que nadie sabe y a nadie interesa dónde fue a parar porque el propósito es aliviar (en los papeles) la diferencia entre la electricidad que entra de Cammesa y la que sale registrada; vale decir que no es útil a la recaudación de la Dpec sino a justificar parte de la energía que se le pierde.

            Cuando el interventor Báez tuvo la posibilidad de organizar la Dpec y empezar realmente a bajar las pérdidas, no lo hizo. Contrató a Urbatec. Se quedó con los números truchos y no se movió un dedo para corregir las pérdidas en los últimos años. Varias distribuidoras de electricidad parecieran estar actualmente en condiciones parecidas a Corrientes. Ahora, que la Nación necesita quitar subsidios, esas multas por altas pérdidas que impulsó años atrás la Secretaría de Energía y la “solución inmediata” que ellos mismos a su vez sugirieron, parece haber resultado un engendro que se comió a todos.

Qué hacer

            El sistema debería equilibrarse. La manera civilizada es hacer que la energía sea pagada por todos los que la usan y pueden pagar y los que no puedan pagar, que puedan hacer uso de un servicio básico, pero que no derrochen. Parece fácil. Sin embargo la primera condición es tener bien medido el servicio, pero en Corrientes el fraude es altísimo en todas las tarifas y muchos piratas están adentro, por lo tanto es lógico suponer que si el precio sube, el fraude aumentará proporcionalmente, quebrantando más a la empresa.

            En 2006, antes de que el interventor Carlos Báez desarmara el sector de Pérdidas no Técnicas y desmantelara el equipamiento (fogoneado por el Sindicato de Luz y Fuerza) se labraban unas 18.000 actas de fraude por año. No era suficiente pero había gente en la calle que de algún modo generaba control interno y externo; se recuperaba algo de energía y -lo más importante- muchos fraudes no se hacían por temor a que se descubra. Hoy no se labran actas; no se compran materiales para combatir el fraude y, encima, el sistema informático SAP no registró nada de los controles anteriores, blanqueándose antecedentes y acreencias comerciales, todo lo cual dejó a la empresa energética incapaz de reaccionar ante los fraudes. Prueba de ello es que ni siquiera hay gente que sepa hacer procedimientos. En la jerga se dice que la Dpec “perdió la calle”. Ahora la Nación pide los números reales. Veremos cómo hacen para explicar que superan holgadamente el 50%. Salvo que en Buenos Aires le hayan pedido a la Dpec, no que bajen las pérdidas sino que mientan más.