LA DIPUTADA SONIA LÓPEZ PIDE INFORME POR PERFORACIONES DE AGUAS DE CORRIENTES EN BARRIOS CAPITALINOS
12.04.2014 19:16 CORRIENTES
La Cámara Baja provincial solicitó informes a la empresa concesionaria del servicio de agua potable por distintas perforaciones que se vienen realizando en barrios de la capital correntina, mediante las cuales se “conecta a la Red existente reemplazando el agua potabilizada del Río Paraná”, según afirma la diputada Sonia López. A su vez, la Cámara de Diputados también pide informe sobre la situación de los terrenos de la ex Usina, y declaró su repudio a los linchamientos.
“Tenemos constancia del cambio absoluto del agua producida en los barrios Alta Gracia, Independencia, parte San Antonio Oeste, y todo el Barrio Río Paraná, presentándose mucha preocupación de usuarios y consumidores de toda la zona”, informó Sonia López.
A la vez afirmó que “pudimos constatar la existencia de una perforación y tanques en la AV. Paysandú en el Barrio Alta Gracia, que sin embargo no tiene cartel de obra ni identificación de la empresa concesionaria del servicio”.
“Se trata de una perforación que se ha conectado a la red existente y que reemplazó el agua potabilizada del Río Paraná que se recibía a través de la red de agua potable de los distintos núcleos habitacionales, por una agua de napas perforadas con técnicas de potabilización que los usuarios y consumidores desconocen”, agregó.
Según la diputada “el agua nueva aparece distinta, con un sabor molesto y olores extraños, y ello produce miedo y preocupación en los vecinos que dieron testimonio”.
Por ello, la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informe donde se “insta a Aguas de Corrientes S. A. y al Ente Regulador a que se cumpla con la colocación de cartel de obra que informe sobre las distintas instalaciones que se vienen realizando en la Ciudad de Corrientes”.
Como también se solicitó al Ente Regulador del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de Corrientes, a través de su área bromatológica, que “se sirvan realizar los estudios técnicos de la calidad de la potabilización del agua de las nuevas perforaciones”.
“Todo ello es necesario para confirmar si la misma es apta para el consumo humano saludable”, aseguró López.
Ex Usina
La Cámara de Diputados también aprobó un proyecto de Resolución por el cual se solicita informe al Registro de la Propiedad Inmueble, al ICAA, a Catastro Municipal y a la Subsecretaría de Planeamiento del municipio capitalino sobre la situación de la Mz. 263 de la Ciudad de Corrientes, donde se ubica el predio de la ex Usina en la Costanera Norte.
“En los últimos años varios inversores quisieron utilizar el predio de la ex Usina para transformarlo en emprendimientos hoteleros o gastronómicos”, sostuvo Sonia López.
No obstante, “un obstáculo fundamental se opone entre los inversores y la potencia venta del terreno: su categorización en el Código de Planeamiento Urbano como equipamiento industrial”.
“Lo cual impide virtualmente cualquier obra en el terreno, no sólo la instalación de locales comerciales sino también de vivienda o de cualquier otro uso”, afirmó la diputada del PC.
Hasta el día de la fecha, la propiedad de los terrenos debería entonces seguir estando bajo titularidad de TRANSNEA S.A., aunque los documentos respaldatorios de estas transacciones “faltan, están incompletos y no se hicieron públicos.
También el grupo ciudadano “Usina Cultural” impulsó un expediente de investigación ante el ICAA para que se hiciesen públicos los estudios supuestamente realizados en los años 2005 y 2008 por la DPEC sobre la potencial contaminación en el predio por PCB, sustancia altamente cancerígena.
El ICAA respondió en aquella ocasión que dichos expedientes sencillamente no fueron encontrados.
Por otro lado, las constantes actividades del grupo Usina Cultural fuera del predio les permitieron observar y documentar el progresivo deterioro de las instalaciones, ya de por sí descuidadas durante décadas.
“Se realizaron demoliciones y construcciones, presuntamente sin autorización alguna”, se precisó.
Repudio a los linchamientos
En su última sesión, la Cámara de Diputados aprobó una declaración de repudio a los llamados linchamientos, y de “más hondo pesar por los hechos de violencia ilegal e irracional que atenta contra la vida e integridad física de las personas”.
“Más allá de las interpretaciones, estas acciones vuelven a mostrar que el reclamo “por seguridad” está asentado muy fuertemente en el sentido común de buena parte de la sociedad argentina”, sostuvo Sonia López.
Para la diputada provincial “entender el problema de la seguridad pública como un problema que atañe principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad debe ser el punto de partida para escuchar estas demandas”.
De esta forma se “demuele el repertorio de recetas conservadoras que capturan ese sentido común con las propuestas de siempre: endurecimiento de las penas, criminalización de la pobreza y represión social”.
“La cosificación de los pobres, en las oleadas de mano dura, es lo primero que sucede”, afirma López para agregar que “en este equívoco de la turba que persigue al ladrón pero termina linchando al que se le parece”.
Según la legisladora de Izquierda, “es fundamental erradicar aquellos gestos y estrategias que fomentan las diferencias y la división social”.
“Nos preocupa la habilitación a debatir si los linchamientos son legítimos, por parte de referentes políticos y medios de comunicación, que los amplifican e instalan”, afirmó.
“Si estamos de acuerdo en vivir en Democracia y Estado de Derecho, el recurso de la violencia jamás será válido como objeto de discusión, y no hay discusión posible sobre políticas de seguridad si se busca legitimar estos hechos de violencia”, finalizó.
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