LA JUSTICIA FEDERAL LIBERÓ EL PREDIO DE SANTA CATALINA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO HABITACIONAL

08.12.2013          09:00       CORRIENTES

La Justicia Federal liberó parte del predio de Santa Catalina que está bajo in­vestigación por delitos de lesa humanidad en la últi­ma dictadura militar. Esos terrenos fueron habilitados para proyectos habitaciona­les. La autorización se firmó con la condición de que dos veedores vigilen el trabajo de movimiento de suelo.

En el enorme campo que hasta diciembre del año pa­sado pertenecía al Ejército y que ahora es propiedad de la Municipalidad de Co­rrientes, se encuentra bajo una medida cautelar de no innovar (desde 2007) que impide modificar el terreno, ya que en el lugar se lleva adelante una investigación por delitos de lesa humani­dad durante la dictadura, y los testimonios sindicaron a dicho predio como un cen­tro de detención y extermi­nio en esa etapa oscura de la historia argentina (ver nota de pie).

Desde que el Municipio adquirió Santa Catalina, so­licitó de manera formal al Juzgado Federal, en el tribu­nal que tiene como titular a Carlos Soto Dávila, dos levantamientos parciales de la medida judicial, con el fin de poder avanzar con planes habitacionales. Una se autorizó en agosto de este año sobre 42 hectáreas en las que el Procrear levan­tará 654 viviendas. Otra, se resolvió la semana pasada y permitió la construcción de 48 casas sociales al movi­miento social Túpac Amaru. La obra empezó el jueves.

Ahora, la Justicia tiene otra cuestión que resolver. Levantar la cautelar en otra zona, para que el Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico) pueda construir 600 viviendas. Pero a diferencia de las anteriores, la zona que el Municipio le asigna a la provincia para su plan habitacional se encuentra sobre una espacio conside­rado “sensible”, de acuerdo al relato de los testigos que participan de la investiga­ción para dar con los restos de desaparecidos.

Desde la fiscalía señalaron que se mantienen reuniones periódicas con el intendente electo, Fabián Ríos, para re­solver la cuestión.

“Si bien no se hizo un pe­dido formal para el levanta­miento de la cautelar en ese lugar, es algo que está con­versado y se espera que se concrete esta semana”, anticipó, a NORTE de Co­rrientes, una funcionaria judicial.

Eso sí, los levantamien­tos parciales de la medida de no innovar tienen una condición irrefutable: “Para cada uno de los pla­nes debe haber dos veedo­res, uno de la Municipalidad y otro de la Comisión Pro­vincial de Derechos Huma­nos, vigilando que durante los trabajos no se hallen restos óseos”, aclaró Marisa Sanauria, de Derechos Hu­manos.

La vigilancia debe ser per­manente, hasta tanto finali­cen las obras que impliquen movimiento de suelo. Así buscan que la investigación no entorpezca los proyectos de urbanización, y que esto, a su vez, no interrumpa las pesquisas para dar con los desaparecidos.

INVICO

Daniel Bedrán, el actual director de Control Urba­no, y futuro secretario de Planeamiento Urbano de la Municipalidad, detalló a este medio que el acuerdo para la concreción del plan habitacional de 600 casas, que propone el organismo provincial, “avanzó mucho en los últimos días”.
Al respecto, confirmó que, de acuerdo al proyecto de edificación presentado por Invico, y en relación al plan de urbanización que se di­señó para Santa Catalina, las 600 viviendas sociales se emplazarán en el corazón del enorme predio, “pegado al espacio que se le cedió al Procrear”.
El espacio que el Munici­pio entregará a la Provincia será de más de 50 hectáreas. “Necesitan más espacios que Procrear, porque son casas individuales”, añadió el funcionario. La semana pasada analizaban la in­fraestructura necesaria para acercar agua, luz y cloaca a la zona