LA TARIFA DE LUZ Y CONNIVENCIA JUDICIAL

12.04.2014                 13:30                 CORRIENTES

Por: Alberto Ruíz Díaz

Desde el anuncio de una nueva tarifa de luz hay tanto griterío que cuesta entender el problema. El caso es que tampoco la Justicia parece entender el problema; sin embargo en su favor vale dejar aclarado que varias investigaciones chocan con un hecho absolutamente inusual de una Dpec coloni­zada por camarillas de cuen­tapropistas que lucran con actividades ilícitas que van desde el sobreprecio en las obras, hasta las conexiones clandestinas a grandes usua­rios y, como es lógico, entre ellos se tapan. 

Las camarillas de las em­presas públicas se hicieron fuertes en los sindicatos (Agua y Energía, ferrocarri­les, YPF) y adquirieron tal capacidad de lobby que en los ‘90 lograron agarrar algunos pedazos de las empresas pú­blicas rematadas. Por eso el concepto “Estado” suele ser polémico según quién lo diga. 

Aquí el problema de las pérdidas de energía da pá­bulo a versiones privatis­tas, pero en la Dpec en vez de encararlo, mienten, y en su mentira parecen ir de la mano con los de Cammesa. Un caso notable es el de un auditor de la consultora Be­cher y Asociados que audita para Cammesa, quien previo a su Informe de Auditoría tuvo “interconsultas” con funcionarios locales; tal vez para no deschavar los nive­les de pérdidas o por alguna otra razón... La vista gorda del auditor es entendible porque aun con las pérdidas mentidas Cammesa igual co­bra lo suyo, pero en los fun­cionarios locales no, porque la Dpec es la que paga mul­tas por las altas pérdidas de energía, las cuales superan hoy los 200 (doscientos) mi­llones de pesos. 

EL COMODÍN 
La “T18” es una tarifa que no aparece como tal en el cuadro tarifario, pero en los papeles (que nadie mira) se hace figurar, como factura­do con esa “tarifa”, una can­tidad de energía que nadie sabe cómo se midió ni dónde fue a parar. En el Cuadro ta­rifario figura con la descrip­ción inocente de “medición totalizadora de pequeñas demandas” con un precio de 0,0138 $/kWh; ínfimo comparado con lo que paga cualquier pequeña deman­da residencial (entre 0,1958 y 0,3929 $/kWh). La “Tarifa 18” tampoco lleva cargo fijo por suministro ni el concep­to de alumbrado público y tampoco se sabe quién paga esa factura; vale decir que no es útil a la recaudación de la Dpec sino una especie de “comodín” para justificar la energía que “se pierde” y no lo quieren explicar. El caso es que la no resolución de los problemas y el ocultamiento de las pérdidas de energía, hasta hoy con la connivencia de algún funcionario judi­cial, tiene su implicación en la tarifa de luz que debe sol­ventar el sistema. 

A favor de la Justicia cabe aclarar que, lejos de ser co­mún, resulta una circuns­tancia extraordinaria que funcionarios públicos se valgan de maquillajes admi­nistrativos para tapar hechos ilícitos, apartándose de toda norma legal y encubriendo un indiscriminado saqueo que ha originado el perjuicio de la Dpec. Tampoco es co­mún que se utilice el aparato estatal no sólo para cometer, sino también para ocultar ilícitos, negando su existen­cia y dando una apariencia de normalidad legal que contrasta brutalmente con la realidad de lo que sucede. Con este nivel de irrespon­sabilidad no hay tarifa que aguante. 

Por eso la Justicia tendría que poner más de su par­te, pues también hay una delegación tolerada que es necesario revisar para detec­tar cuántas y cuáles son las funciones que corresponden a un magistrado, pero que son delegadas en secretarios, relatores u otros empleados (cuando no en alguna de las partes). Por ejemplo, en una causa por peculado (pena de hasta 10 años de prisión) el fiscal Nuñez Huel no asistió a una audiencia que no le fue notificada, después de la cual fueron sobreseídos los imputados de la Dpec. La audiencia no había sido or­denada por la jueza sino por la misma secretaria que no le notificó al fiscal. 

En este escenario, la ma­yoría de las causas que tie­nen a funcionarios públicos imputados no llegan a juicio. Entretanto algunos sectores de la Dpec que pueden ser manejados eficientemente por la administración pú­blica, serían un interesante punto de recaudación, ha­bida cuenta de que donde hay un problema, hay un negocio.