LOS OKUPAS DEL PIRAYUÍ A UN AÑO DE SU ASENTAMIENTO SIN SOLUCIÓN GUBERNAMENTAL

07.07.2013               14:20         CORRIENTES
 

Luego de 365 días de la llegada de los primeros okupas a las 43 hectáreas del barrio Pirayuí, la situación actual no difiere mucho de aquel 7 de julio de 2012: las gestiones y negociaciones nacionales en búsqueda de una solución definitiva a los okupas se encuentran en punto muerto, mientras que los habitantes de los predios usurpados jamás recibieron asistencia oficial a pesar del expreso pedido de la Justicia. 


Actualmente en el lugar quedan poco más de 1.200 familias de las 2.500 que ingresaron, aunque pueden observarse casillas prefabricadas y más elaboradas junto a precarias conexiones de agua y electricidad.

En la primera semana de julio de 2012, miles de familias usurparon unas 43 hectáreas del Pirayuí, levantando casillas y carpas precarias en búsqueda del terrenos propio. El masivo movimiento okupa suscitó la atención no sólo de los medios locales sino que las cámaras y micrófonos nacionales se trasladaron hasta la barriada sureña para contar la situación. 

Inclusive el líder piquetero y dirigente del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (Mijd), Raúl Castells, aprovechó la oportunidad para instalar una carpa y prometer asistencia, ayuda y una universidad popular que jamás se materializó.
Dicho movimiento masivo de personas ocasionó réplicas en los barrios Quilmes y Galván, los cuales también se mantienen hasta ahora.

Dentro de los hechos a destacar en el año que cumple la usurpación, está la muerte del pequeño Fabricio Vallejos, quien fue llevado por sus padres a los predios ante la urgente necesidad de contar con una casa propia y que falleció a fines de julio del 2012 a raíz de las complicaciones generadas por las arduas condiciones de vida a la intemperie. También se encuentran las órdenes judiciales que obligaban a la Provincia y al Municipio a brindar asistencia médica, sanitaria y alimentaria, pero que jamás se cumplieron, y los censos y relevamientos de las familias que nunca arrojaron un número exacto de los habitantes.
Las mediaciones y gestiones llevadas a cabo en un principio por la Justicia -encabezada por Alejandro Botini-, y hasta ahora por la Comisión Nacional de Tierra y Hábitat, significaron un tire y afloje con los dueños de los terrenos, pero que hasta el momento no tuvo una solución en concreto para las familias que todavía se encuentran en los predios.

Una de las últimas noticias que hubo fue el temor del ingreso de nuevos ocupantes ilegales con la proximidad de cumplirse el primer aniversario y a raíz del año electoral, lo que motivó la movilización de refuerzos policiales para que se cumpla la medida de no innovar que rige desde los primeros días del asentamiento, pero que con el correr de los meses se fue violando.
Los okupas señalaron que jamás recibieron ayuda oficial en el último año, así como tampoco se registraron avances en las negociaciones para la compra de los terrenos. Actualmente se pueden observar menos “ranchos” y más casillas elaboradas con materiales, así como precarias conexiones de agua potable y electricidad para las 1.200 familias que quedan.