MARCÓPULOS PARTICIPARÁ DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA QUE INVESTIGARÁ COMPLICIDADES ECONÓMICAS DURANTE LA DICTADURA

10.04.2014 20:00 BUENOS AIRES

Se constituirá una Comisión investigadora para identificar a los cómplices económicos de la última dictadura cívico-militar. El proyecto es impulsado por Diputados del Frente para la Victoria, liderado por Julián Domínguez, Héctor Recalde y Horacio Verbitsky, entre otros. El diputado demócrata cristiano Fernando Marcópulos será parte de la iniciativa.

Los Diputados del Frente para la Victoria impulsarán en el Congreso la creación de  la Comisión investigadora para determinar quienes fueron los cómplices económicos de la última dictadura cívico-militar. Mediante una conferencia de prensa, un grupo de 14 diputados del FPV presentó el proyecto para crear la “Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura militar para la Búsqueda de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia”.

La presentación fue liderada por el titular de la Cámara Baja, Julián Domínguez, y el presidente de la Comisión de Trabajo, Héctor Recalde. También contó con la participación del periodista Horacio Verbitsky y Diputados nacionales del FPV, entre ellos, Fernando Marcópulos.

“La cuestión económica fue una de las principales causas del golpe de estado, y no es menor el dato de que hayan desaparecido 30 mil personas, porque se trató de una generación de gente comprometida con un modelo de país, que desapareció para poder instaurar un modelo económico”, aseguró Marcópulos.

El referente demócrata cristiano destacó además los antecedentes en el tema, como el enjuiciamiento del ex Ministro de Economía Martínez de Hoz, sin embargo remarcó que aún queda mucho por hacer: “actualmente hay empresas que son notables actores de la economía argentina, y que se beneficiaron con acciones concretas e ilegales durante el gobierno militar”.

“El proyecto de crear una comisión bicameral para que se estudie a los participantes civiles de la dictadura es un gran avance; pero también se debe avanzar en la investigación, ya que no solo fueron los actores económicos; sino un poder judicial que actuó en aquel momento y brindó un marco de legalidad a algo totalmente ilegal como el terrorismo de estado”, dijo Marcópulos.

Héctor Recalde, por su parte  destacó la importancia de que no haya impunidad en el proceso: “Todos aquellos que fueron cómplices, partícipes necesarios o autores de medidas que tomó la dictadura en perjuicio del pueblo argentino quedaán de manifiesto y, si existe un delito, la obligación de la comisión es hacer la denuncia ante la justicia”.

El diputado del Frente para la Victoria declaró que hay empresas que ya están siendo investigadas, existen antecedentes en cuanto a la represión con empresas como: Mercedes Benz, Ford, y Ledesma, donde ya hay directivos procesados. “Esto no es un linchamiento, acá vamos a investigar y a denunciar, siguiendo los principios republicanos, que se van a respetar a ultranza. En la justicia existe la presunción de inocencia, el debido proceso legal y la defensa en juicio. El linchamiento es una regresión de tre mil años”, afirmó Recalde.

El periodista y Presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, consideró que en todos estos últimos 30 años “ha habido un ida y vuelta muy fructífero entre las organizaciones de sociedad civil y las instituciones del Estado, en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que durante mucho tiempo fueron inculcadas de alguna manera por las organizaciones de derechos humanos, hasta que finalmente el Estado las asumió como propias, y les dió un fuerte impulso en los últimos 10 años”.

“Sin la participación de las organizaciones de sociedad civil, no se hubiese avanzado. Y una de las tareas que las organizaciones tienen ahora, es comenzar a poner la mira en otros aspectos. Por eso se planteó por ejemplo, el caso de la violencia sexual, como un caso diferencial de tortura en los juicios por crímenes de lesa humanidad, y ya existen algunas condenas”, agregó Verbitsky .

En este mismo sentido desde la Comisión se está impulsando la investigación de los cómplices económicos, de los que, según Verbitsky, existen distintos tipos: partícipes de los crímenes que se cometieron, encubridores, y beneficiarios de la política económica que se implantó por medio del terror. “Las categorías son distintas, y no todas tienen las mismas responsabilidades, por ello la Comisión se va a encargar de establecer los diferentes tipos de responsabilidad”, remarcó.

La rúbrica del proyecto la lleva además, la titular de la bancada oficialista, Juliana Di Tullio, y los diputados Andrés Larroque y Eduardo "Wado" De Pedro, quienes señalan que la Comisión "tendrá por objetivo la elaboración de un informe con una descripción detallada de las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada por la dictadura, y la identificación de los actores económicos y técnicos que contribuyeron a y/o se beneficiaron con esa dictadura aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza."

Los fundamentos serán defendidos en la conferencia de prensa por Alejandro Vanoli, titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV); Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales(CELS) y el Diputado Recalde.

La Comisión deberá formular dentro de los 20 días siguientes a su constitución un cronograma de trabajo que incluirá: recepción de información y denuncias; citación y requerimiento de informes a organizaciones no gubernamentales, académicos, empresarios, empresas, cámaras empresarias, asociaciones sindicales y partidos políticos, y a dependencias de los tres poderes del Estado.

En caso de avanzar la intención de los legisladores la Comisión "deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar la memoria, responsabilizar a los cómplices” y deberá publicar el informe dentro de los 180 días, contados a partir de su constitución, plazo que podrá ser prorrogado por única vez por otro igual”, según lo establece el documento.