MÁS DE 500 MIL EMIGRANTES PARAGUAYOS VIVIENDO EN ARGENTINA QUEDARÁN SIN VOTAR

Prensa Latina

Aníbal Carrillo, candidato presidencial del Frente Guasú, coalición de partidos y organizaciones sociales paraguayas, dijo que medio millón de sus compatriotas, residentes en el exterior, estarán impedidos de votar en los comicios de abril próximo.

Carrillo hizo el planteamiento al expresidente costarricense, Oscar Arias, quien encabeza una delegación de observadores designada personalmente por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulsa, aunque sin el respaldo de la Comisión Permanente de esa instancia.

El dirigente del Frente se entrevistó con Arias, quien sostiene reuniones con los partidos políticos, y calificó el hecho como uno de los que enturbian el actual proceso electoral, cuya culminación debe significar la salida del poder de quienes destituyeron al presidente constitucional, Fernando Lugo.

Carrillo explicó que ello se debe a la no inclusión de esos connacionales en el padrón electoral por falta del otorgamiento a tiempo de las facilidades necesarias y criticó la inexistencia de respuestas adecuadas a este asunto, el cual calificó de muy grave.

Mencionó la persecución a militantes opositores al gobierno y la falta de esclarecimiento del sangriento desalojo campesino ocurrido en Curuguaty, en junio pasado, utilizado como pretexto para el llamado golpe de Estado parlamentario contra Lugo.

Por su parte, Arias adelantó, en las últimas horas, opiniones públicas que relativizaron estos criterios del Frente Guasú e incluso criticó la suspensión de la participación del gobierno surgido de dicho golpe en las actividades de Unasur y Mercosur.

El exmandatario, quien supuestamente evaluaría al final del proceso electoral lo ocurrido durante su desarrollo y en las votaciones ya adelantó su apoyo a éste, calificó de injusta la sanción de Unasur, señaló como reiterativos los planteamientos de Carrillo y dijo todo está bien en Paraguay.

Arias, quien dijo también representar a todos los países pertenecientes a la OEA, coincidió así con el informe rendido por Insulza el pasado año tras su visita a Paraguay, documento que tampoco fue aprobado por el pleno de la Comisión Permanente de dicha organización.